Primeros amparos judiciales contra el recorte a la educación técnica en el Presupuesto 2026

Tras la sanción del Presupuesto 2026, comenzaron a presentarse demandas judiciales contra el artículo 30 de la ley, que deroga el piso obligatorio de financiamiento y elimina la distribución equitativa de recursos establecida por la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional.

En las últimas horas, padres de dos estudiantes interpusieron un recurso de amparo ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires.

Gerardo Marchesini, docente de educación técnico-profesional, advirtió que la eliminación del fondo afectará a unos 1,9 millones de estudiantes en todo el país, principalmente en escuelas técnicas y centros de formación profesional. Señaló que este tipo de educación es clave para la calificación del empleo y el desarrollo productivo, ya que abarca áreas estratégicas como programación, inteligencia artificial, biotecnología, energías renovables y oficios tradicionales. “El artículo 30 es un golpe directo al desarrollo del país”, afirmó.

Según los denunciantes, el recorte presupuestario alcanza el 93% en comparación con valores equivalentes de 2023. La ley derogada establecía una inversión mínima del 0,2% de los ingresos corrientes del Estado, lo que hoy representaría unos 322 mil millones de pesos. Sin embargo, el Gobierno asignó solo 11 mil millones.

Entre los principales argumentos del amparo se destaca que una ley anual de presupuesto no puede derogar leyes permanentes ni vulnerar derechos garantizados por normas como la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnico Profesional y la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.