Datos oficiales contradicen el argumento de la baja de la edad de imputabilidad
El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal se reavivó en el contexto de las sesiones extraordinarias del Congreso, donde el oficialismo busca avanzar con un régimen penal juvenil que permita juzgar y encarcelar a menores desde los 13 años, una idea que líderes oficialistas como Patricia Bullrich defienden como parte de la lucha contra la inseguridad.
Sin embargo, datos oficiales contradicen el diagnóstico de una “ola punitiva” descontrolada entre adolescentes. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la cantidad de jóvenes en conflicto con la ley penal se redujo en un 60 % entre 2014 y 2024, de acuerdo con un informe de Unicef con cifras de la Suprema Corte provincial.
Además, el peso de los delitos cometidos por menores es estadísticamente menor dentro del total de causas penales, y menos del 7 % de las investigaciones penales abiertas en 2024 contra menores tuvieron elementos suficientes para llegar a juicio.
Los informes oficiales también muestran que solo el 2 % de las condenas por homicidio corresponden a menores de edad, y que los centros de encierro para adolescentes, lejos de ser lugares de reinserción, registran condiciones preocupantes denunciadas por organismos como la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
El contraste entre los datos y el proyecto de reforma genera un intenso debate sobre la eficacia de respuestas punitivas frente a la inseguridad juvenil y la necesidad de enfoques más integrales que incluyan educación, inclusión y políticas sociales.