Rafael Acuña analizó el proyecto para bajar la edad de punibilidad

El abogado "Pancho" Acuña se refirió al debate impulsado por el gobierno nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad y aclaró que el término correcto es disminución de la edad de punibilidad.

En ese sentido, explicó que la imputabilidad es una categoría jurídica que se relaciona con la capacidad de una persona para comprender la norma y ser reprochada penalmente por la comisión de un delito, mientras que la punibilidad responde a una decisión de política de Estado que define desde qué edad el Estado persigue penalmente a una persona.

Acuña sostuvo que la problemática debe ser abordada desde una perspectiva interdisciplinaria y no únicamente desde el derecho o la política. “Esto no se puede resolver solo desde la política ni desde el derecho. Se necesita la intervención de la educación, la psicología y las organizaciones sociales”, señaló, y remarcó que por ese motivo el proyecto, que no es nuevo y se discute desde hace años en la Argentina, nunca logró avanzar.

Asimismo, destacó que Argentina es un modelo a nivel mundial por sostener desde el retorno de la democracia una edad de punibilidad fijada en los 16 años. “Es necesario debatir qué se considera un niño y hasta qué edad se es niño, porque estamos hablando de juzgar a niños”, afirmó.

El abogado advirtió que el proyecto presenta múltiples vacíos y contradicciones, ya que busca responsabilizar penalmente a los menores en algunos aspectos, pero no deja en claro cómo actuará el Estado en otros. Además, alertó que bajar la edad de punibilidad implicaría ampliar los lugares de detención juvenil, los cuales, según indicó, no son espacios adecuados y muchas veces funcionan como “escuelas del delito”, donde los adolescentes sufren abusos, pierden la vida o profundizan su vínculo con el delito.

Por otro lado, Acuña remarcó que el delito juvenil representa apenas entre el 1 y el 3 por ciento del total de delitos que se cometen en el país. También consideró fundamental debatir la responsabilidad penal de los adultos que utilizan menores para delinquir. “La pena para un adulto no puede ser la misma que para un niño de 14 años”, expresó.

Finalmente, concluyó que el proyecto impulsado por el gobierno no resuelve el problema de fondo, no aborda los factores estructurales y “deja abiertas muchas incógnitas”.