Docentes advierten sobre el desamparo de las escuelas frente a la alarmante escalada de la violencia social
El trágico desenlace ocurrido recientemente en la localidad santafesina de San Cristóbal, donde un estudiante de 15 años asesinó a un compañero de 13 e hirió a otros dos con la escopeta de su abuelo, volvió a encender las alarmas sobre el rol del sistema educativo frente al dramático crecimiento de la violencia infantil y adolescente. Este lamentable episodio fatal no es un hecho aislado, sino que se suma a una preocupante cadena de eventos similares registrados durante el último año, como el tiroteo planificado por WhatsApp en Ingeniero Maschwitz y el ataque a balazos efectuado por una alumna en Mendoza con un arma policial. Ante esta violenta escalada, los trabajadores de la educación afirman que la institución escolar se ha convertido en la principal caja de resonancia de una conflictividad que le llega desde afuera, absorbiendo agresiones y desbordes en un escenario social marcado por la falta de horizontes y la peligrosa legitimación de la crueldad desde los discursos del poder político.
Frente a esta cruda realidad, docentes, psicólogas y trabajadoras sociales que integran los Equipos de Orientación Escolar denuncian que se encuentran actuando en una profunda soledad institucional frente a un Estado ausente. Si bien las escuelas funcionan permanentemente como el primer gran radar donde se detectan las situaciones de maltrato, aislamiento, acoso y padecimientos mentales graves de los estudiantes, los profesionales aseguran que carecen de los recursos básicos para abordar estas crisis debido a una política sistemática de desfinanciamiento y recortes. A modo de ejemplo, revelan que la derivación externa de casos críticos al sistema de salud público se ha vuelto una misión casi imposible por la falta de turnos, lo que obliga muchas veces a que sean los propios familiares de los alumnos quienes deban sostenerlos físicamente dentro de las aulas para evitar daños y autolesiones severas.
Esta falta de red de contención estatal se potencia destructivamente con el grave deterioro del tejido socioeconómico que atraviesa el país, impactando de lleno en la crianza y en la dinámica diaria de las familias. Los educadores coinciden en que el feroz ajuste económico empuja a los padres a cumplir jornadas laborales forzadas de hasta 18 horas diarias para poder garantizar el plato de comida, generando una dramática falta de tiempo para compartir momentos de diálogo, recreación y acompañamiento con sus hijos. A este complejo entramado familiar, se le suma la vulnerabilidad de los propios docentes, quienes deben intentar alojar la angustia ajena y propiciar espacios de reflexión comunitaria mientras enfrentan la brutal depreciación de sus salarios, siendo el último eslabón de un modelo que les exige todas las respuestas frente al dolor y la furia de los más jóvenes.
•Fuente: Página12