La Justicia frena la eliminación de “Volver al Trabajo” y obliga al pago del beneficio
La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la eliminación del programa “Volver al Trabajo” continuador del ex Potenciar Trabajo y reemplazarlo por un sistema de vouchers de capacitación sumó en los últimos días un nuevo capítulo judicial.
Un juez federal con sede en Campana hizo lugar a una medida cautelar presentada por organizaciones de trabajadores y beneficiarios, y ordenó al Estado restituir el pago del beneficio correspondiente al mes de abril, además del salario complementario que había sido interrumpido.
El programa, que alcanzaba a cerca de un millón de personas en todo el país, incluía tanto una asistencia económica como instancias de capacitación orientadas a la inserción laboral. Sin embargo, con la implementación del nuevo esquema, se eliminó el pago directo del beneficio y se avanzó hacia un modelo centrado en cursos financiados mediante vouchers.
Uno de los principales cuestionamientos radica en que el monto del programa que rondaba los 78.000 pesos se encontraba congelado desde hacía más de dos años, perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación. A su vez, la interrupción del ingreso económico dejó sin sustento inmediato a miles de beneficiarios.
Desde el Gobierno, en tanto, ya anticiparon que apelarán la decisión judicial, en línea con la política de reemplazar los programas sociales por herramientas de capacitación laboral. Mientras tanto, la medida cautelar obliga a garantizar el pago en el corto plazo.
El conflicto se originó a partir de una presentación colectiva impulsada por organizaciones sociales y trabajadores de la economía popular, quienes argumentaron la vulneración de derechos ante la quita del beneficio.
El futuro del programa y su reemplazo por el sistema de vouchers quedará ahora sujeto a la resolución de fondo que adopte la Justicia, en un contexto de fuerte impacto social también en ciudades del interior como Bragado, donde cientos de personas dependen de este tipo de asistencia.