Crece la preocupación por la discapacidad ante nuevos recortes y la incertidumbre sobre pensiones
El debate en torno a las políticas públicas para las personas con discapacidad vuelve a generar fuerte inquietud en todo el país.
A la falta de cumplimiento efectivo de la ley de emergencia en discapacidad, se suma ahora la posibilidad de un nuevo proyecto impulsado por el Gobierno Nacional que podría modificar el sistema de pensiones y desregular las prestaciones, generando mayor incertidumbre para miles de familias.
Héctor, prestador de servicios terapéuticos en Bragado, describió un panorama crítico y aseguró que muchas familias atraviesan una situación de “desesperación” debido al deterioro económico general, agravado en hogares donde viven personas con discapacidad.
Según explicó, el impacto no solo alcanza a quienes perciben pensiones que actualmente rondan los 378 mil pesos con bono incluido sino también a prestadores que sostienen tratamientos esenciales pese a meses de atraso en los pagos y aranceles fuertemente desactualizados.
“Las familias están profundamente afectadas, y los prestadores están siendo heroicos, sosteniendo terapias y acompañamiento aun cuando cobran tarde y con ingresos deteriorados”, sostuvo.
Uno de los principales focos de preocupación es la intención de avanzar hacia una desregulación del sistema, donde el valor de las prestaciones dejaría de estar regulado por el Estado y pasaría a depender de acuerdos entre obras sociales, familias y profesionales. Desde el sector advierten que esto podría generar mayores desigualdades y dificultar aún más el acceso a tratamientos.
Además, remarcan que el aumento sostenido en tarifas de servicios esenciales, como electricidad y gas, impacta severamente en personas con discapacidad, especialmente adultos que pasan gran parte del día en sus hogares y dependen de condiciones específicas para su bienestar.
En este contexto, las movilizaciones y reclamos del colectivo de discapacidad continúan en distintos puntos del país, exigiendo el respeto por derechos adquiridos y políticas que prioricen la inclusión, la salud y la protección social.
Desde el sector insisten en que la discapacidad no puede ser abordada únicamente desde una lógica de ajuste económico, sino como una política integral que contemple la realidad cotidiana de pacientes, familias y trabajadores. Mientras tanto, persiste la preocupación por el futuro de un sistema considerado fundamental para garantizar calidad de vida y dignidad a miles de argentinos.