Detuvieron a nueve policías acusados de cobrar coimas en la Ruta 8
La Justicia bonaerense detuvo al jefe del Destacamento de Seguridad Vial de Colón y a otros ocho efectivos policiales, acusados de integrar una presunta red de cobro de coimas durante controles realizados sobre la Ruta Nacional 8.
La investigación, encabezada por la fiscal Magdalena Brandt y el juez de Garantías César Solazzi, reveló más de 300 transferencias bancarias efectuadas por conductores, transportistas y empresas que habrían pagado dinero para evitar multas, secuestros de vehículos o causas contravencionales.
Según la pesquisa, la maniobra ilegal habría funcionado entre enero de 2024 y noviembre de 2025. De acuerdo con la acusación, los policías amenazaban a los conductores con infracciones, retención de documentación, secuestros de vehículos e incluso causas penales, y luego ofrecían evitar las sanciones a cambio de dinero.
La causa señala que las víctimas realizaban transferencias a una cuenta del banco Supervielle identificada con el alias “pelado.258”, considerada uno de los puntos centrales de la operatoria investigada. Posteriormente, el dinero habría sido redistribuido entre cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas con el jefe policial y otros integrantes de la organización.
La fiscalía detectó movimientos millonarios y sostuvo que algunos de los efectivos involucrados habrían recibido más de 23 millones de pesos en transferencias, además de otros pagos menores repartidos dentro de la estructura.
Uno de los casos incorporados al expediente involucra a un camionero al que inicialmente le habrían exigido 27 millones de pesos para evitar sanciones. Finalmente, según la investigación, terminó pagando 2 millones mediante distintas transferencias bancarias.
Además, la pesquisa detectó pagos relacionados con presuntas irregularidades en documentación de cargas, habilitaciones del Senasa, faltantes de chapas patentes y hasta tenencia de pequeñas cantidades de marihuana.
Ante la magnitud del caso, los imputados fueron acusados de asociación ilícita y la Justicia no descarta conexiones con otras dependencias de Policía Vial de la región Junín y Carabelas.
La fiscal Brandt también advirtió sobre posibles riesgos procesales y denunció que uno de los acusados habría intentado contactar a una de las víctimas para influir en su declaración.