La oposición de Bragado reclamó un plan de seguridad y cuestionó la falta de respuestas
El homicidio ocurrido en Mechita fue el punto de partida de un reclamo opositor sobre las políticas de seguridad en Bragado. En La Bisagra, de Bragado TV, Jorge Castillo (UCR), Paola Alsina (La Libertad Avanza) y Carla Bruno (PRO) coincidieron en pedir prevención, presencia estatal y coordinación entre organismos. Los concejales cuestionaron la falta de respuestas a iniciativas que acercaron al municipio y plantearon que el abordaje debe incluir a las familias afectadas por consumos problemáticos.
Castillo advirtió que la reacción suele llegar una vez producido el delito y pidió cambiar esa lógica. Propuso articular participación vecinal, tecnología y capacidad estatal para intervenir en tiempo real. Mencionó Ojos en Alerta y recordó que su implementación había sido prometida en campaña, aunque luego se anunció otra estrategia basada en personal, cámaras y monitoreo. Para el radical, la prevención requiere herramientas concretas y un trabajo sostenido, además de la respuesta policial posterior.
Alsina informó que el 10 de noviembre presentó una nota para reunirse con el intendente y el área de Seguridad y acercar un plan adaptado a Mechita. Aseguró que, al momento de la entrevista, seguía sin ser convocada. Entre los puntos a reforzar mencionó la comunicación entre las policías y los centros de monitoreo de Bragado y Alberti. Advirtió sobre caminos y sectores del límite jurisdiccional que, según su evaluación, están desprotegidos, y sostuvo que la seguridad debe asumirse como una política de Estado.
Bruno transmitió el dolor y la preocupación de las familias de Mechita. Según relató, vecinos le habían referido peleas y conflictos anteriores protagonizados por personas presuntamente involucradas en el caso. Aclaró que las responsabilidades penales deben ser determinadas por la Justicia, pero cuestionó que aquellas señales no hubieran sido atendidas. También señaló que los habitantes solicitan reunirse con el jefe comunal y se ofreció a participar para que puedan exponer sus problemas y ser escuchados.
El debate también puso el foco en la atención de los consumos problemáticos. Bruno reconoció el trabajo de Salud Mental del hospital, aunque sostuvo que esa tarea necesita una coordinación municipal con Seguridad, Desarrollo Social, el CPA provincial y las organizaciones comunitarias. Recordó que el Concejo aprobó un proyecto de La Libertad Avanza sobre un centro de primera escucha. Según explicó, durante el trabajo legislativo habían detectado 450 personas que aguardaban acceder a esa atención.
Desde su experiencia en la educación y el deporte, Castillo defendió el papel de las escuelas, los clubes y las sociedades de fomento como espacios de pertenencia. Planteó que un docente o un entrenador que escucha puede ayudar a contener a un chico y a construir un vínculo con su futuro. Insistió en que esos resultados requieren tiempo y continuidad. A su entender, las políticas preventivas también se construyen cuando las instituciones comunitarias ofrecen acompañamiento y oportunidades de participación.
El radical relató, además, que en enero acercó una propuesta de salud mental después de reunirse con vecinos de Comodoro Py y que nunca recibió una respuesta. Aclaró que sí había podido mantener encuentros con funcionarios por otras temáticas, pero reclamó urgencia para los asuntos más sensibles. Cuestionó que las diferencias partidarias se interpongan en las políticas públicas y sostuvo que el objetivo de la tarea legislativa debe ser el bienestar de los vecinos, por encima de la disputa entre espacios.
Alsina agregó que su bloque presentó un proyecto de resolución para gestionar recursos tecnológicos disponibles en las áreas de Seguridad de Provincia y Nación. Mencionó drones y herramientas para mejorar el patrullaje y las tareas preventivas. Explicó que eligieron esa vía como un aporte para que el Ejecutivo lo evalúe, sin imponerle una ordenanza. La concejala reclamó que las propuestas opositoras sean consideradas por su contenido y afirmó que no le interesa quién capitalice políticamente su aplicación.
Bruno llevó el cuestionamiento al acceso a la información: afirmó que había enviado una carta documento por pedidos de informes sin contestar. También señaló que el Concejo aprobó por unanimidad un requerimiento para obtener respuestas del Ejecutivo. Defendió tres funciones de los ediles: representar, presentar proyectos y controlar. Sostuvo que para cumplirlas necesitan datos y diagnósticos, y reclamó estadísticas públicas que permitan evaluar las medidas y discutir alternativas con información concreta.
Entre las acciones posibles, la edil del PRO propuso fortalecer la Guardia Urbana con medios, tecnología y conexión con el centro de monitoreo, además de articular su tarea con personal policial. Volvió a respaldar Ojos en Alerta y pidió identificar los puntos de mayor conflictividad mediante la escucha a los vecinos. Para Bruno, acompañar a las familias requiere un organismo que coordine las intervenciones. Los tres coincidieron en ofrecer sus propuestas y reclamar voluntad política para llevarlas adelante.