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Análisis de Daniela Monzón sobre la Ley de Salud Mental

04/02/2024
Análisis de Daniela Monzón sobre la Ley de Salud Mental

TEXTO ENVIADO 

- Uno de los puntos es la mayor facilidad para internar a un paciente contra su voluntad.

- El otro es la posibilidad de que existan centros monovalentes, algo que la ley actual quería evitar.

No podemos negar que la Ley 26657de Salud Mental ha tenido una nula aplicación debido a la falta de gestión política.

Los ejes más polémicos son los mismos que se discuten hace años. Uno de los más importantes es con qué criterios es legal internar a una persona que transita un brote por adicción a las drogas o por una afección psiquiátrica y representa un riesgo para si o para terceros, cuando expresamente rechaza ser tratada o internada. Este delicado punto incluye a su vez, dos cuestiones.

Por un lado, que significa “riesgo” en términos temporales y, además, cuántos y de que formación deben ser los profesionales que avalen el “riesgo” que amerita la internación involuntaria.

El segundo punto es si deben (o no) existir las instituciones exclusivamente dedicadas a pacientes de salud mental, los llamados manicomios, neuropsiquiátricos, instituciones monovalentes o centros de salud mental. Los alrededor de 12.000 pacientes de salud mental internados hace años en neuropsiquiátricos que la ley de 2010 deberia haber logrado desmantelar, padecen no solo la invisilidad social sino la inacción política.

La reescritura del articulo 20 amplía los motivos para la internación, lo que puede ser un beneficio. Pero sigue pendiente la mención del “riesgo potencial”, un reclamo central para las familias, ya que representa esos instantes en que quienes están cerca de la persona entienden un riesgo latente, quizás no evidente.

El articulo 22 es también controvertido, si bien la ley pone al médico psiquíatra o psicólogo en un lugar más preponderante porque son los únicos que pueden firmar las internaciones (la ley de 2010 incluye trabajadores sociales, entre otros), incrementa la potestad de jueces y abogados, profesionales ajenos a la salud, para definir intervenciones terapéuticas cuando la persona no está en condiciones de determinar su estado mental.

Tampoco creo que sea bueno bajar de dos a uno la cantidad de profesionales necesarios para firmar la internación de un paciente.

Otro punto importante es que en el texto de la ley se deja de hablar de padecientes y se habla de pacientes, algo correcto porque hablamos de enfermedaes mentales. Y ya no se hace hincapié en los derechos humanos sino en la salud de la persona.

Manicomios y neuropsiquiátricos

Es importantísimo que se permitan los monovalentes, es decir lugares especializados para adicciones o enfermedades mentales.

La ley de 2010 habla de desmanicomializacion, es decir, los pacientes con enfermedades mentales o adicciones deben ser internados en hospitales generales.

Se debe promover la creación de Centros Comunitarios de Prevención de Consumos Problemáticos.

La ley del 2010 habla de manicomios y del cierre de los mismos, ya que se estigmatiza al padeciente, ¿Qué estigmatización más grande puede haber que decir que no puede existir un lugar especializado en psiquiatría para atender a un enfermo mental? ¿Por qué una persona con depresión, bulimia, bipolaridad, esquizofrenia no puede tener un lugar para ser atendido por especialistas? ¿Por qué tienen que ser atendidos en un hospital colapsado junto a pacientes con patologías que nada tienen que ver con la suya?

La ley vigente ya no es actual, no se ajusta a las necesidades de este tiempo.

No existe la prevención como materia educativa.

No hay lugares de atención para familiares de pacientes con problemas de salud mental.

La ley habla de los derechos humanos de estos pacientes, ¿qué derecho humano tiene un enfermo mental que no puede ir a trabajar, que no puede criar sus hijos, que no puede convivir con la sociedad? Las personas se muren esperando recibir atención, se mueren por sobredosis, se suicidan. Los derechos humanos ya están defendidos en la constitución nacional la salud mental no.

La ley del 2010 solo sirve para pacientes con un alto poder adquisitivo, los únicos que hoy pueden recibir un tratamiento prolongado sin aquellos que pueden acceder a una comunidad terapéutica o a un tratamiento ambulatorio que pagan de manera particular o por una prepaga.

 Ahora bien, pensemos que pasa en Bragado.

Desde el año 2010 hasta la actualidad el Hospital San Luis no ha sido modificado para poder atender estos pacientes.

El Servicio de Salud Mental en la actualidad cuenta con 9 psicólogos, 2 psicopedagogos, 2 psiquiatras y una secretaria. Respecto a la cantidad de usuarios en atención son 94 semanales en psicología psicopedagogía 20 y psiquiatría 677 en atención mensuales y controles. Respecto a APS cuenta con 12 profesionales psicólogos. (cita textual Secretaria de salud Emma Elizalde).

¿Cantidad de usuarios? me detengo en esta definición, usuario es aquel que comete un abuso sin necesidad de convertirse en un adicto. Se habla de usuarios cuando debe hablarse de pacientes, personas que tienen un problema de salud mental que puede o no estar asociado al consumo problemático.

Mas allá de la terminología, dos psiquiatras deben atender 677 consultas mensuales (11 pacientes por día por profesional trabajando de lunes a lunes).

Cuando no aprobamos el presupuesto no es capricho, es falta de política publicas coherentes con el pensamiento del actual gobierno local.

Los profesionales de salud mental ganan sueldos de miseria, trabajan por vocación. Cuando pedimos el aumento de salarios para los mismos fue rechazado.

Imaginemos que concurrimos a la guardia con un familiar que intentó suicidarse o por una sobredosis, el paciente es compensado, se da de alta y ¿después?

Vamos a coincidir en el que el mejor tratamiento es el voluntario y si hay una familia que acompaña siempre es mejor que sean ambulatorios. Pero si hay un riesgo de vida inminente el tratamiento debe ser obligatorio.

No se prevén obras de ampliación en el Hospital para internar este tipo de pacientes.

No hay equipos interdisciplinarios para lograr la externacion del paciente y/o su tratamiento ambulatorio.

Los Centros Comunitarios son para prevenir problemáticas de consumo o para contención de pacientes que se encuentran en la última etapa de rehabilitación.

Desde LLA Bragado pedimos:

  • Aumento de las unidades UME para los profesionales del área de Salud Mental.

La guardia pasiva semanal de un psicólogo se paga 2.98 UME y por fin de semana 3.66 UME.

La guardia pasiva semanal de un psiquiatra se paga 4.81 UME y por fin de semana 5.66 UME.

Mientras que otros profesionales, ejemplo un cardiólogo, por iguales tareas gana 9.74 y 11.58 UME respectivamente.

  • Aumento de la cantidad de profesionales que trabajan en el área.
  • Capacitación para el personal de salud, policial y guardia urbana en esta problemática.
  • Designación de un director del área de Salud Mental capaz de trabajar de manera conjunta con los programas de Provincia y Nación. (de hecho, en el presupuesto se prevé una partida para el área de adicciones).

 

El gobierno local tiene los profesionales para abordar esta temática, la decisión es política. 

Una vez mas no es capricho es coherencia.

 

 

 

 

 

 

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