Se reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad y hay expectativas en el sector
Luego de un intenso año de reclamos y una batalla judicial que "acorraló" al Poder Ejecutivo, finalmente se reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad. Juan Pablo Cabrera, miembro de TEAmparo Bragado, dialogó con el noticiero y expresó su alivio ante la noticia, destacando que la medida llega para traer tranquilidad a las familias y a las instituciones prestadoras. El punto central de la reglamentación es la actualización de los nomencladores, lo que permitirá ajustar los pagos a los terapeutas, centros de día y servicios de transporte, muchos de los cuales estuvieron al borde del cierre por la falta de financiamiento durante el último año. "El gobierno nacional tiene la obligación de actualizar las deudas desde octubre de 2025 y ajustar los valores hacia adelante por IPC", detalló Cabrera.
A pesar del avance, el referente aclaró que el colectivo sigue en "estado de alerta y lucha". Si bien la ley establece una cláusula gatillo hasta diciembre de 2026 con opción a prórroga, persisten incertidumbres sobre otros aspectos, como la auditoría de las pensiones por discapacidad. Cabrera confirmó que el gobierno revisará "pensión por pensión" y que se evalúa un cálculo que rondaría el 70% de una jubilación mínima. No obstante, subrayó que la ley es clara en cuanto al destino de los fondos: si se detectan irregularidades y se dan de baja beneficios, ese dinero no debe volver al Tesoro Nacional, sino reingresar a la Secretaría de Discapacidad para ser redistribuido en el sistema.
Por otro lado, la entrevista abordó la implementación de la Ley 15.556 en la provincia de Buenos Aires, que establece la capacitación obligatoria, gratuita y permanente en neurodiversidad y TEA para todo el sistema educativo. Cabrera explicó que el primer semestre del año estará dedicado a la formación de los docentes (quienes recibirán puntaje por ello) y que la aplicación plena comenzará en la segunda mitad del ciclo lectivo. Desde TAmparo Bragado se pusieron a disposición de la Jefatura Distrital y de los educadores para colaborar en este proceso, cuyo objetivo fundamental es garantizar la inclusión real de los estudiantes y evitar situaciones de discriminación en las aulas.