El Gobierno promulga la Ley de Modernización Laboral con profundos cambios en contratos y despidos
Este viernes, el presidente de la Nación, Javier Milei, promulgó la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, introduciendo modificaciones estructurales al régimen de contrato de trabajo vigente en la Argentina. La medida, que fue sancionada por el Congreso el pasado 27 de febrero y lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, redefine el concepto de trabajo y excluye expresamente de la relación de dependencia a los prestadores de plataformas digitales de movilidad y reparto, así como a los trabajadores independientes y a las personas privadas de su libertad.
Entre los ejes centrales del nuevo contexto legal, la ley ratifica la indemnización por despido sin causa de un mes de sueldo por año de antigüedad y la establece como la única reparación procedente, bloqueando posibles acciones civiles paralelas. Para financiar estas obligaciones, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que entrará en vigencia el 1° de junio de 2026 y requerirá contribuciones patronales mensuales del 1% para grandes empresas y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Asimismo, la reforma impacta fuertemente en el ámbito sindical: exige una prestación mínima del 75% durante huelgas en servicios esenciales, limita la prórroga automática de las cláusulas obligacionales de los convenios vencidos y fija un tope del 2% para los aportes a las asociaciones de trabajadores.
Como un dato más que proyecta el alcance a mediano plazo de esta legislación, la norma establece un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y un programa de promoción (PER) que incluye la condonación de hasta el 70% de las deudas previsionales para quienes regularicen a sus empleados. Por otra parte, a partir del 1° de enero de 2027, el escenario sumará otra modificación histórica cuando queden definitivamente derogados los estatutos especiales de periodistas, viajantes de comercio y trabajadores del vidrio, quienes pasarán a regirse por el sistema general, en paralelo al avance del traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.