Reforma laboral: "Bajo la excusa de la modernización no podemos violentar el ordenamiento jurídico vigente"

La reglamentación de la llamada "Ley de Modernización Laboral" ha generado un fuerte debate nacional tras la publicación del Decreto 407/2026, que habilita al Gobierno a intervenir y rediscutir los Convenios Colectivos de Trabajo. Para desmenuzar las implicancias de esta medida, Bragado TV dialogó con el abogado laboralista y dirigente político Nicolás Lamazón, quien advirtió sobre un choque de facultades jurídicas y constitucionales.

"El debate sobre este decreto no es estrictamente laboral, es un debate constitucional", definió tajantemente Lamazón. Según explicó, el artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de reglamentar las leyes para que puedan ser aplicadas, pero "no puede excederse, no puede crear nuevos derechos ni cambiar el espíritu normativo de la ley sancionada por el Congreso".

El punto de mayor tensión de la reglamentación radica en el artículo 4, que pone fin a la ultraactividad autonómica. "Históricamente, el sistema argentino se estructuró sobre la base de que cuando un convenio colectivo vencía, se seguía aplicando hasta ser reemplazado por un acuerdo nuevo entre las partes. Esta reforma limita la vigencia de esos convenios considerándolos antiguos y debilita la representación sindical en la negociación", detalló el abogado.

Si bien Lamazón reconoció que una modernización laboral es necesaria y que hay convenios que deben adaptarse a las nuevas realidades, cuestionó los métodos aplicados. "El argumento de la obsolescencia es el que utilizan los gobiernos para sacar de un plumazo la normativa vigente, pero hay mecanismos constitucionales que deben respetarse. El Ejecutivo no puede legislar a través de un decreto ni retrotraer derechos sociales ya consagrados", enfatizó.