Un fallo histórico por la calidad del agua en la región
El reclamo comenzó en 2010, cuando vecinos de 9 de Julio decidieron llevar a los tribunales una problemática que atravesaba la vida cotidiana: la calidad del agua que llegaba a sus hogares. Lo que siguió fue un extenso recorrido judicial, acompañado por la organización “9 de Julio Todos por el Agua”, que mantuvo el tema en agenda y reclamó respuestas frente a la presencia de arsénico, nitratos, flúor y sólidos disueltos.
La sentencia definitiva puso un punto decisivo a ese camino. La Justicia estableció la responsabilidad de Aguas Bonaerenses y del Estado provincial y ratificó que el acceso al agua potable no puede quedar reducido a una discusión técnica: se trata de un derecho directamente vinculado con la salud y la vida. Julia Crespo, referente del movimiento vecinal, destacó la trascendencia de una resolución que reconoce una lucha sostenida durante más de una década.
El expediente también dejó detrás una serie de transformaciones. Durante el proceso se construyó una planta destinada al tratamiento del arsénico, con capacidad para procesar 600 metros cúbicos por hora, y se incorporó al sector de Ciudad Nueva al sistema de ABSA. El fallo consideró cumplidas las obras reclamadas, aunque dejó establecido el parámetro que deberá respetarse para asegurar la potabilidad del suministro.
Más allá de los expedientes y las resoluciones, el caso dejó otra marca: la capacidad de una comunidad organizada para convertir una preocupación doméstica en una cuestión de interés público. Después de años de presentaciones, controles y reclamos, los vecinos obtuvieron un pronunciamiento que no sólo alcanza a 9 de Julio, sino que vuelve a colocar en el centro una discusión que atraviesa a numerosas localidades bonaerenses: qué agua llega a la canilla y quién responde por ella.