2026-05-13

Un politólogo analiza los números del ajuste universitario tras la masiva Marcha Federal

El docente Horacio García desglosó el impacto económico en la educación superior tras la reciente movilización nacional. Detalló la drástica caída salarial y advirtió que el modelo actual busca empujar la calidad académica hacia el ámbito privado.

Tras la realización de la cuarta y masiva Marcha Federal Universitaria en distintos puntos del país, el docente y licenciado en Ciencias Políticas, Horacio García, analizó la profunda crisis de la educación superior luego de brindar una clase abierta en el Instituto N° 78. Mediante un estudio basado en cifras y partidas oficiales, el profesional advirtió que el presupuesto asignado por el Estado nacional para el funcionamiento de las universidades públicas retrocedió a los niveles de inversión del año 2006, marcando la cifra más baja y el recorte más severo de los últimos veintiún años.

Para dimensionar el impacto real de esta desfinanciación en la comunidad educativa, el politólogo detalló que la inversión actual por alumno equivale a apenas 1.600 pesos diarios y señaló una caída del poder adquisitivo salarial que, amortizado con la inflación, alcanza un 73% de pérdida real. En este sentido, García aseguró que la estrategia funciona como un modelo de vouchers encubierto: "Te bajan el nivel académico precarizando las condiciones laborales y te obligan a tener que ir a pagar a una universidad privada porque el docente que renuncia empieza a trabajar ahí", explicó, citando como ejemplo la reciente salida de 107 profesores en la Facultad de Veterinaria de la UBA.

Como aspecto complementario frente al debate social sobre los fondos estatales, el docente remarcó que el 80% del sostenimiento de la educación pública proviene de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), tributo que abonan todos los ciudadanos sin importar su condición socioeconómica. Finalmente, de cara al futuro del conflicto y sobre la posibilidad de que la Corte Suprema obligue al Poder Ejecutivo a cumplir con la vetada Ley de Financiamiento Universitario, García se mostró cauto e indicó que, al tratarse de un órgano con intereses políticos, las universidades pueden "llegar a esperar un fallo adverso".

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