Una discusión que va más allá de los terrenos
La discusión por el destino de las tierras municipales volvió a atravesar al Concejo Deliberante de Bragado y dejó al descubierto una diferencia que excede al proyecto puntual. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Daniela Monzón, defendió la decisión de no acompañar los convenios promovidos por el Ejecutivo y sostuvo que el problema no pasa por facilitar el acceso a la vivienda, sino por determinar quiénes pueden recibir ese beneficio y bajo qué reglas.
La iniciativa buscaba avanzar con la entrega de lotes a trabajadores vinculados con ATE, UATRE, SUTERH y dos sindicatos de empleados municipales. Para Monzón, allí aparecía una de las principales objeciones: la política dejaba atado el acceso a la tierra a la pertenencia a determinadas organizaciones. La concejal puso entonces sobre la mesa la situación de los empleados que no están sindicalizados y podrían quedar por fuera de una herramienta sostenida con patrimonio de todos los bragadenses.
La dirigente libertaria también cuestionó las diferencias existentes entre los propios acuerdos. Uno de los puntos señalados durante el tratamiento fue que el convenio con SUTERH contemplaba una alternativa de financiamiento que no aparecía en los restantes casos. La observación volvió a llevar la discusión hacia el mismo lugar: cuáles son los criterios utilizados para establecer condiciones distintas y qué garantías existen para que la adjudicación no dependa de decisiones discrecionales.
Detrás de esa discusión administrativa aparece, sin embargo, un problema mucho más profundo. El valor de los terrenos, el costo de construir una vivienda y las dificultades para acceder al crédito transformaron al suelo urbano en uno de los bienes más difíciles de alcanzar para los trabajadores. La diferencia entre oficialismo y oposición quedó planteada entonces alrededor de la forma de intervenir: mientras el Ejecutivo buscó avanzar mediante acuerdos con organizaciones gremiales, sus críticos reclamaron un mecanismo más amplio y uniforme.
El desenlace terminó produciéndose también en el terreno jurídico. La votación quedó empatada, pero Monzón advirtió que la disposición de bienes municipales requería una mayoría especial de dos tercios, de acuerdo con la Ley Orgánica de las Municipalidades. Después de un cuarto intermedio, la presidencia del cuerpo reconoció la validez del planteo y los convenios quedaron sin aprobación.
El rechazo no clausuró el problema habitacional. Por el contrario, volvió a instalar una discusión que difícilmente pueda agotarse en una sesión: qué hacer con la tierra pública y cómo establecer mecanismos que permitan convertirla en una herramienta de acceso a la vivienda. Para Monzón, el punto de partida deberá ser otro: reglas transparentes, condiciones equivalentes y una política capaz de alcanzar a los trabajadores sin que la afiliación gremial funcione como puerta de entrada.