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Milei bajo presión: Diputados rechaza sus vetos a leyes de salud y educación
Con amplio respaldo opositor, la Cámara baja desoyó los argumentos del Gobierno y avanzó con leyes que apuntan a reforzar el sistema de salud pediátrica y el financiamiento universitario.
En una jornada marcada por la Marcha Universitaria Federal y un fuerte clima de tensión política, la Cámara de Diputados rechazó este miércoles los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes clave: la de emergencia pediátrica y la de financiamiento universitario.
Ambas normas habían sido aprobadas por el Congreso a fines de agosto, pero fueron vetadas el pasado 4 de septiembre mediante los decretos 647/2025 y 651/2025, respectivamente. Con el rechazo en Diputados, los proyectos pasarán ahora al Senado, donde la oposición necesita alcanzar los dos tercios de los votos en ambas cámaras para revertir definitivamente los vetos presidenciales.
La ley de emergencia pediátrica fue rechazada por 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención. En tanto, el veto a la ley de financiamiento universitario fue rechazado por 174 votos positivos, 62 negativos y 2 abstenciones.
Emergencia pediátrica: qué propone la ley
La iniciativa declara la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud por un período de dos años. Propone la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial destinado a la atención pediátrica en todo el país.
También incluye la recomposición salarial inmediata para el personal de salud asistencial y no asistencial, así como para los residentes nacionales de todas las especialidades. Según estimaciones de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), la medida implicaría un gasto adicional anualizado de 133 mil millones de pesos.
Financiamiento universitario: actualización por inflación
El segundo proyecto propone actualizar las partidas presupuestarias para universidades, hospitales universitarios, ciencia, tecnología y extensión universitaria según la inflación acumulada de 2023 y 2024, con base al 1° de enero de 2025. Para lo que resta del año, plantea ajustes bimestrales según el IPC del INDEC. Además, establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023, con actualizaciones mensuales por inflación.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de esta ley equivaldría al 0,23% del PBI.
Las razones del veto presidencial
El presidente Milei argumentó que ambas leyes comprometen el equilibrio fiscal y generan un gasto público “desmedido e irresponsable”. En los decretos de veto, el Ejecutivo advirtió que las medidas “minan la estabilidad macroeconómica” y “ponen en riesgo el crecimiento económico sostenible”, al implicar recursos que el Estado “no está en condiciones de afrontar”.
Algunas postales de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria
