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Río Salado: la Provincia aprobó el tramo que pasa por Bragado y presiona a Nación para destrabar el financiamiento

El gobierno bonaerense declaró "ambientalmente apto" el proyecto que va de Junín a Alberti. Sin embargo, el inicio de la obra depende de que la Nación finalice la etapa anterior para liberar un crédito internacional de 100 millones de dólares.

10/12/2025
Río Salado: la Provincia aprobó el tramo que pasa por Bragado y presiona a Nación para destrabar el financiamiento

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio un paso administrativo clave para avanzar con la quinta etapa del Plan Maestro del Río Salado, declarando al proyecto "ambientalmente apto" mediante la Resolución 569/25. A pesar de la urgencia por mitigar las inundaciones en la cuenca, el inicio de los trabajos se encuentra en stand by. Según explicó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, el financiamiento internacional de 100 millones de dólares para esta fase está acordado, pero el banco prestamista exige que el Gobierno Nacional termine primero la etapa 4.2, que había quedado paralizada y cuya reactivación fue prometida recientemente.

Esta nueva etapa reviste vital importancia para la región, ya que abarca unos 100 kilómetros de cauce que se extienden desde Junín hasta Alberti, atravesando los partidos de Chacabuco y Bragado. El plan de obra contempla intervenciones significativas sobre la infraestructura existente, incluyendo la adecuación de 9 puentes carreteros y ferroviarios, así como trabajos en 6 lagunas que forman parte del sistema hídrico. La Provincia busca acelerar los trámites mientras aguarda que la Nación cumpla con el compromiso de finalizar el tramo anterior en el plazo de un año.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto busca ampliar la capacidad hidráulica del río mediante la eliminación de constricciones y altos fondos, modificando la pendiente y aumentando la profundidad del cauce. Además, se prevén obras de regulación en el cierre de la Laguna de Rocha. Se estima que las tareas demandarán unos 730 días de ejecución una vez que se liberen los fondos, con el objetivo de evitar futuros desbordes y proteger la producción agropecuaria de la zona.

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