Sesiones extraordinarias: el Gobierno confirmó que buscará bajar la edad de imputabilidad en febrero

El Gobierno Nacional decidió acelerar su agenda de seguridad y confirmó que buscará aprobar la baja de la edad de imputabilidad penal durante las sesiones extraordinarias, convocadas para realizarse entre el 2 y el 27 de febrero de 2026. La noticia fue oficializada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales tras una cumbre en Casa Rosada de la que participaron figuras clave del oficialismo, como la secretaria general Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el ministro del Interior Diego Santilli y el titular de Economía, Luis Caputo. "La Ley Penal Juvenil también formará parte del temario", sentenció el funcionario, marcando la prioridad de la gestión de Javier Milei para el inicio del año legislativo.

La reforma es impulsada principalmente por la ahora senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Bullrich fue contundente al expresar que "sin consecuencias, hay libertad para delinquir" y desafió a la oposición a definir "quiénes están del lado de los argentinos y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes". Por su parte, Menem reforzó esta postura tras un reciente crimen en Santa Fe cometido por menores, asegurando que "no hay medias tintas: el que las hace, las paga", y ratificando el mandato de enfrentar los temas de fondo con decisión.

El proyecto, que ya había obtenido dictamen el año pasado pero cayó por la renovación de la Cámara, busca establecer un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, fijando la edad de imputabilidad en los 14 años para delitos graves. Desde el inicio de la gestión, se barajaron diferentes edades (tomando como referencia los 13 años de Uruguay o los 12 de Brasil), pero el consenso oficialista parece haberse cerrado en los 14. Fuentes del gobierno indicaron que la iniciativa es esencialmente la misma que se debatió en 2025, buscando ahora los votos necesarios para convertirla en ley y modificar el paradigma de la justicia juvenil en Argentina.