El abogado Ariel Fusco cuestionó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

En el marco del debate nacional por la baja de la edad de punibilidad, el abogado penalista Ariel Fusco ofreció una mirada crítica desde el ejercicio práctico de su profesión. El letrado manifestó tener una visión negativa del proyecto, argumentando que busca legislar sobre casos excepcionales y no sobre la generalidad. "Cuando uno va a modificar una norma tiene que buscar resolver un problema real, no podemos sacar una norma que esté destinada a una excepción", sostuvo. Además, Fusco remarcó que este tipo de iniciativas responden a los reclamos de la sociedad por mayor seguridad, pero que esos pedidos "están más vinculados a las emociones que a la razón", lo que lleva a los legisladores a redactar supuestas soluciones que, a su entender, van a fracasar.

Para respaldar su postura, el especialista hizo un repaso histórico, recordando que en los últimos años se han modificado múltiples normas para endurecer las penas (como la eliminación del 2x1 o la Ley Blumberg) sin que eso haya resuelto la inseguridad. Respecto a los menores, Fusco aclaró que la mente de un chico de 14 años "no tiene más conciencia que antes", sino que muchos llegan a delinquir porque siguen patrones de su entorno. "Cuando un chico llega al delito es porque lo tiene naturalizado, y no lo inhibe una norma o la expectativa de prisión", explicó, enfatizando que la verdadera modificación de esas conductas debe darse desde la educación y no desde el sistema penal tradicional.

El punto más crítico señalado por el abogado es la falta total de preparación del Estado para alojar a los menores. "No existe una estructura acorde para darle tratamiento a un chico de 12 o 13 años que pueda estar privado de la libertad", denunció. Lejos de proponer que los delincuentes queden sueltos, Fusco planteó que el encierro riguroso en los actuales centros de detención es un error, ya que allí el detenido "hace una especialización en el delito y tiene que delinquir adentro para sobrevivir". A modo de conclusión, sugirió que antes de modificar las leyes se debe pensar en un abordaje integral con equipos técnicos y de familia, brindando un seguimiento adecuado a estos jóvenes que, además de victimarios, "están en cierto estado de vulnerabilidad y sin ningún modelo familiar que les enseñe los valores de vivir en sociedad."