Conflicto en Fate: tras el anuncio de cierre y los despidos, Provincia y Nación dictaron la conciliación obligatoria

La histórica planta de neumáticos FATE, controlada por la familia Madanes Quintanilla, sacudió el escenario industrial al anunciar el cierre definitivo de sus instalaciones en San Fernando y el despido de 920 trabajadores. La compañía justificó la decisión argumentando que "los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente". La medida generó un fuerte repudio del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), cuyo secretario general, Alejandro Crespo, denunció que "la empresa anunció un cierre ilegal, había un compromiso de no despedir hasta el 30 de junio". La desesperación se trasladó a las puertas de la fábrica, donde hubo momentos de tensión con la policía cuando algunos empleados intentaron ingresar cortando el alambrado. "Hoy cuando llegamos a trabajar nos enteramos que cerró. Tenemos que organizar la lucha para defender nuestros puestos de trabajo", relató el trabajador Víctor Ottoboni.

Frente a la sorpresiva paralización, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires actuó de oficio y fue el primero en dictar la conciliación obligatoria por 15 días. El titular de la cartera, Walter Correa, explicó que se apersonaron en el lugar para convocar a las partes a una audiencia urgente, aclarando que "de ninguna manera habíamos sido notificados de esta situación". Al analizar el contexto socioeconómico que enmarca este conflicto, el funcionario provincial trazó un duro paralelismo histórico: "Lo que veo es un proceso de suspensiones que culminó el año pasado y ahora estamos en un proceso de industricidio. En referencia a lo que pasó en la década del 90, desde mi experiencia, creo que estamos en el año 98 con cierre de plantas y despidos."

Poco después, y ante la creciente presión pública, el Gobierno nacional también dictó su propia conciliación obligatoria por el mismo plazo, ordenando explícitamente que "las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto". Sin embargo, desde la órbita oficial nacional aprovecharon la crisis para apuntar contra el gremio y reavivar el debate por la reforma laboral que se discute en el Congreso. Fuentes oficiales aseguraron que la empresa sufrió durante años "conflictividad gremial con leyes laborales arcaicas" y lamentaron que "una parte de la política y de los sindicatos con ideologías extremas hayan llevado a la empresa a una situación terminal", insistiendo en que estas normativas agravan el cuadro de las compañías.