La Justicia le ordenó al Gobierno implementar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario

En un duro revés judicial para la administración nacional, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno y le ordenó ejecutar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Puntualmente, la medida cautelar exige el cumplimiento estricto de los artículos 5 y 6 de la norma 27.795, los cuales establecen la actualización de los sueldos para el personal docente y no docente entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles. En su resolución, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán desestimaron los planteos oficiales, argumentando que el impacto fiscal de esta medida es bajo y que está en juego un derecho central consagrado por la Constitución como lo es la educación superior pública.

Este extenso conflicto legal tiene sus raíces en la acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a más de 40 casas de estudio, que derivó en una primera cautelar dictada en diciembre pasado por el juez Enrique Cormick. La disputa de fondo se profundizó cuando el Congreso ratificó la ley tras rechazar el veto presidencial, pero el Poder Ejecutivo decidió frenar su aplicación mediante el Decreto 759/2025 bajo el argumento de que no existían recursos específicos asignados para solventarla. Sin embargo, la Cámara confirmó ahora que esa decisión gubernamental presentaba rasgos de ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, remarcando que el Estado no hizo más que reconocer la vigencia de una ley que debe ser respetada obligatoriamente para no seguir afectando el derecho fundamental a enseñar y aprender.

La contundente orden judicial llega en un momento de máxima tensión en las aulas, coincidiendo justamente con la semana de paros que llevan adelante los distintos gremios universitarios para reclamar una recomposición salarial en torno al 40 por ciento, cifra que estiman haber perdido frente a la inflación desde el cambio de gestión. Lejos de calmar los ánimos, el plan de lucha en las calles promete profundizarse durante el transcurso de este mes: la comunidad educativa ya prepara una gran marcha federal universitaria, con fecha tentativa para el 23 de abril, a la que se le sumará una nueva huelga de cinco días ininterrumpidos prevista a partir del lunes 27 de abril en defensa de todo el sistema público.