Caso Díaz: la defensa pone bajo la lupa las pruebas de la acusación

El expediente que tiene detenido al concejal de La Libertad Avanza Germán Díaz sumó en las últimas horas la voz de su abogado defensor, Rafael Acuña, quien cuestionó el peso de los elementos reunidos hasta el momento y planteó que la investigación debe distinguir entre el consumo reconocido por el edil y la acusación por comercialización de estupefacientes.

Acuña explicó que Díaz permanece detenido luego de que el juez de Garantías convirtiera la aprehensión en detención, mientras la causa avanza hacia una etapa en la que deberá resolverse si existen fundamentos para sostener una medida más gravosa. La defensa, en tanto, prepara un pedido de excarcelación y nuevas medidas de prueba.

El punto central del planteo defensivo está en el allanamiento realizado en el domicilio de O’Brien. Según Acuña, allí no aparecieron drogas fraccionadas para la venta, dinero vinculado a una actividad comercial ni anotaciones que permitieran reconstruir operaciones. Díaz, dijo, reconoció ser consumidor desde hace años, pero negó haber vendido estupefacientes.

La discusión también alcanza a los objetos secuestrados. El abogado sostuvo que la balanza de precisión mencionada en la causa tendría relación con la actividad de Díaz como terapista de medicina china y relativizó el valor incriminatorio de otros elementos encontrados en la vivienda. Para la defensa, ninguno de ellos prueba por sí mismo la existencia de una estructura de comercialización.

Otro capítulo está vinculado con las tareas de vigilancia. Acuña señaló que durante el período investigado se registraron decenas de movimientos de personas en el domicilio, aunque sólo en unas pocas imágenes se observarían intercambios que los investigadores interpretan como sospechosos. Su objeción es que las filmaciones no permiten establecer qué se entrega o se recibe ni identificar, en todos los casos, a quienes aparecen en ellas.

A esa discusión judicial se superpuso un elemento de fuerte impacto político. Según relató el abogado, Díaz declaró ante la fiscalía que un exconcejal cercano al gobierno municipal le habría ofrecido cuatro millones de pesos para que no asistiera a la sesión en la que debía tratarse la rendición de cuentas. El edil vinculó aquel episodio con una supuesta persecución posterior y pidió que también sea investigado.

Acuña buscó, sin embargo, separar los planos. Remarcó que su tarea es estrictamente jurídica y que la responsabilidad de recomponer la confianza política y social corresponde al propio Díaz y a la fuerza que integra. El concejal solicitó una licencia mientras continúa el proceso, en medio de una repercusión que desbordó rápidamente los límites de Bragado.

La causa permanece abierta y las posiciones están enfrentadas: la acusación entiende que existen indicios suficientes para investigar una posible venta de estupefacientes; la defensa sostiene que esos elementos son débiles y que todavía no acreditan ese delito. Sin condena y con nuevas medidas pendientes, será la Justicia la que deberá definir si las sospechas se consolidan en pruebas o si la hipótesis acusatoria pierde sustento.