Las universidades convocan a una cuarta Marcha Federal en reclamo por el financiamiento y los salarios

El próximo 12 de mayo, la comunidad universitaria de todo el país llevará a cabo la cuarta Marcha Federal desde el inicio de la actual gestión nacional. La convocatoria, que tendrá su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y se replicará en distintas localidades del interior, busca visibilizar el persistente reclamo por la pérdida del poder adquisitivo (estimada en más de un 30 por ciento por los gremios) y exigir la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue definida por los organizadores como un último recurso frente a un ciclo lectivo 2026 que comenzó marcado por la conflictividad y el deterioro de las condiciones de cursada.

La decisión de volver a las calles se produce en el marco de una fuerte disputa judicial y política entre las casas de estudio y el Poder Ejecutivo. Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), explicó que tras la decisión gubernamental de no aplicar la normativa (cuyo veto fue rechazado en el Congreso), acudieron a la Justicia y lograron fallos favorables que ordenan al Gobierno cumplir los artículos de actualización. "Hemos sido firmes en el reclamo porque no queríamos llegar a esta situación. Si no conmueve el Estado de derecho, que sea la voz del pueblo de la Nación", sentenció el rector. Por su parte, el titular de la FUA, Joaquín Carvalho, remarcó que la ley "está vigente y debe cumplirse", sin dejar "margen para interpretaciones ni dilaciones".

Mientras el tiempo de ejecución corre, el Gobierno nacional presentó recientemente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la transferencia de los fondos exigidos. En paralelo, la administración central planea enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley de financiamiento que contempla una recomposición del 12,3 por ciento a pagar en cuotas hasta fin de año. Esta propuesta choca directamente con la demanda unificada de los gremios docentes, no docentes y centros de estudiantes, quienes exigen una actualización superior al 50 por ciento para equiparar la inflación acumulada y recuperar el nivel salarial de noviembre de 2023.