Alerta por la extranjerización de la tierra: un informe revela que hay 13 millones de hectáreas en manos extranjeras
Investigadores de la UBA y el CONICET presentaron un mapa interactivo que expone la concentración de suelo argentino en poder de capitales foráneos, una superficie equivalente a toda Inglaterra. Advierten que 36 departamentos ya superan el límite legal y que Estados Unidos encabeza el ranking de propietarios.
En medio del debate político por el intento del gobierno de Javier Milei de derogar la Ley de Tierras, un equipo de investigadores de la UBA y el CONICET presentó un revelador mapa interactivo sobre la propiedad del suelo en Argentina. Los especialistas advirtieron que la intención de desarmar las protecciones legales vigentes no busca atraer inversiones productivas, como sostiene el oficialismo, sino facilitar la apropiación de bienes comunes estratégicos como la tierra y el agua. "Esto redefine quién decide y quién queda afuera de espacios clave del país", alertaron, señalando el riesgo que implica el avance sobre los recursos naturales.
El informe arrojó cifras contundentes sobre la magnitud del fenómeno: actualmente, el 5% del territorio nacional se encuentra en manos de firmas o estados extranjeros. Este porcentaje representa una extensión de más de 13 millones de hectáreas, una superficie equivalente al tamaño total de Inglaterra. Al desglosar la procedencia de los propietarios, el estudio detalla que Estados Unidos lidera el podio con 2,7 millones de hectáreas bajo su dominio, seguido por inversores de Italia y España.
Asimismo, la investigación refutó el argumento oficial que asegura que ninguna provincia incumple el límite del 15% de extranjerización fijado por la normativa actual. Los científicos explicaron que esa afirmación se derrumba al afinar la lupa sobre las jurisdicciones locales: el relevamiento detectó que existen 36 departamentos dentro del país que ya exceden el tope legal permitido. Este hallazgo pone en evidencia una concentración focalizada que podría agravarse si se eliminan las regulaciones que hoy frenan la venta indiscriminada de recursos estratégicos.
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