Universitarios inician una semana de paros y darán una clase pública frente al departamento de Adorni

Los docentes universitarios comenzarán esta semana un nuevo plan de lucha a nivel nacional ante la negativa del Gobierno de cumplir con la Ley de Financiamiento. Si bien se llevarán a cabo múltiples actividades de protesta en todo el país, la atención principal estará puesta en la jornada de este martes, cuando los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA dictarán una clase pública frente a un departamento recientemente adquirido por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Con esta particular movilización en la calle Miró al 500, el gremio busca visibilizar la fuerte contradicción entre el estricto discurso oficial sobre el ajuste del gasto público y el patrimonio personal de los funcionarios.

La medida de fuerza principal consistirá en un paro total de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo durante los días lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril. Como el jueves y el viernes de esta semana son feriados, el dictado de clases tanto en las facultades como en los colegios preuniversitarios se verá afectado de manera ininterrumpida. Esta huelga unificada fue convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y cuenta con la adhesión de las dos federaciones docentes más grandes del país, la Conadu y la Conadu Histórica, sumadas al acompañamiento de los trabajadores no docentes de FATUN y otros gremios del sector como Ctera.

El reclamo sindical se sustenta en el brutal impacto económico que sufrieron las universidades durante esta gestión, con una caída del 45,6 por ciento en el presupuesto general. Según un informe presentado en el Consejo Interuniversitario Nacional, el Gobierno redujo a cero los fondos para infraestructura, achicó drásticamente las partidas para ciencia y licuó el valor de las becas estudiantiles. Frente al argumento oficial de la falta de plata, los rectores demostraron con números de la Oficina de Presupuesto del Congreso que cumplir con la ley educativa demandaría apenas el 0,36 por ciento del PBI en 2026, casi la mitad de lo que el Estado planea resignar en recaudación tributaria con sus nuevas reformas.