Julio Sciascio anticipó que no acompañará la baja de tasas y alertó sobre el "desfinanciamiento" del Estado municipal

En la previa de la sesión extraordinaria de este miércoles, el concejal Julio Sciascio visitó los estudios de la radio y adelantó su postura negativa frente al proyecto impulsado por la oposición para revisar el aumento de las tasas municipales. El referente del Frente Renovador fue contundente al afirmar que no acompañará la iniciativa, sosteniendo que la modificación golpearía directamente la recaudación del Estado local y pondría en riesgo la prestación de los servicios públicos. "Si financiamos los servicios, va a llegar un momento en que el municipio no se va a poder hacer cargo; vamos a tener un déficit gigante", advirtió, calificando la propuesta como una maniobra con "fines políticos".

Sciascio defendió la actual estructura tributaria, señalando que el aumento se basó en un 30% sobre la cantidad de litros de gasoil, un insumo clave cuyo precio se disparó más del 15% en los últimos meses, impactando en los costos operativos de la comuna. Según sus datos, la tasa promedio en Bragado ronda los $22.000, una cifra que consideró "muy lógica" para cubrir tareas como la recolección, el riego (servicio que pasó de 2 a 9 equipos en esta gestión) y la poda. Además, aseguró que en comparación con ciudades vecinas, los valores locales se mantienen "en la media", sin representar un despropósito.

Más allá del debate tributario, el concejal anticipó otros temas que buscará instalar en la agenda legislativa de este año. Entre sus prioridades figura abordar la problemática del basural a cielo abierto y actualizar la ordenanza de protección contra agroquímicos, una norma que él mismo impulsó hace casi 20 años pero que ha quedado desfasada ante el crecimiento urbano y el avance de los loteos. Sciascio explicó que está trabajando con especialistas para diseñar un nuevo marco regulatorio que contemple tecnologías modernas como los drones y priorice la salud de los vecinos, en sintonía con los recientes fallos judiciales que reconocen el daño provocado por el glifosato.